Aspectos jurídicos básicos de la guerra de Israel contra Hamás (2023)

Este documento ofrece una visión general de los aspectos jurídicos clave de las hostilidades desencadenadas por los horribles ataques perpetrados contra Israel el 7 de octubre de 2023, que fueron asombrosos por su brutalidad y su desprecio por la humanidad básica. Israel se ha comprometido a traer de vuelta a casa a los rehenes retenidos en Gaza y a defender a sus ciudadanos y su territorio de forma coherente con el Estado de Derecho, a pesar de enfrentarse a un enemigo con el mismo desprecio por la ley que por la vida humana. Las circunstancias sobre el terreno son dinámicas, y existe una desinformación generalizada -y a veces deliberada- sobre la ley y los hechos. Cualquier análisis jurídico serio debe basarse en las normas jurídicas aplicables a la situación y en una descripción fidedigna de los hechos a los que se aplican esas normas jurídicas. Este documento proporciona un contexto fáctico y jurídico importante para este propósito.*

  • El derecho aplicable. El marco jurídico aplicable que rige las hostilidades es el derecho de los conflictos armados (LOAC), también denominado derecho internacional humanitario (DIH), en particular sus normas que regulan la conducción de las hostilidades.
     
  • Hamás y la Yihad Islámica siguen atacando Israel, reteniendo rehenes y cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Los salvajes atentados perpetrados por los grupos terroristas palestinos el 7 de octubre y desde entonces constituyen incuestionablemente graves violaciones del derecho internacional, que a menudo equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Incluyen la matanza de más de 1.400 ciudadanos israelíes y extranjeros, más de 5.500 heridos, actos generalizados de tortura y mutilación, quema de personas vivas, decapitación, violación y violencia sexual, mutilación de cadáveres, secuestro de al menos 247 rehenes (entre ellos bebés, familias enteras, personas con discapacidad y supervivientes del Holocausto), lanzamiento indiscriminado de miles de cohetes y utilización de civiles palestinos como escudos humanos. Algunos de estos crímenes también pueden constituir genocidio, ya que se llevan a cabo con la "intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso" en cumplimiento del programa genocida declarado de Hamás. Israel sigue enfrentándose al lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza y a repetidos intentos de infiltrarse en Israel para asesinar a más israelíes, mientras que los rehenes tomados por Hamás siguen sin recibir visitas del CICR ni comunicación con el mundo exterior.
     
  • El derecho y la obligación de Israel de defenderse. En términos relativos, teniendo en cuenta el tamaño de la población de Israel, el alcance del ataque lanzado el 7 de octubre es equivalente al de los atentados del 11-S muchas veces. Israel tiene el derecho, y de hecho la obligación, de defender a sus ciudadanos y su territorio tomando todas las medidas legítimas para garantizar la liberación de los rehenes y neutralizar la amenaza a la que se enfrenta. Esta amenaza es grave e inmediata: algunas comunidades israelíes se encuentran a pocos metros de la frontera y cientos de miles de israelíes viven a pocos kilómetros de Gaza. El 7 de octubre, Hamás y la Yihad Islámica penetraron aún más en territorio israelí, incluso en Sderot, que tiene una población de más de 20.000 habitantes; casi todo Israel permanece al alcance de los cohetes de Hamás. En estas circunstancias, Israel tiene derecho y está obligado a actuar para negar a Hamás y a otros grupos terroristas de Gaza la capacidad de seguir atacando a sus ciudadanos y su territorio.

    Israel se enfrenta al mismo tiempo a continuos ataques y amenazas procedentes de otros Estados y grupos terroristas, entre ellos Irán y representantes iraníes como Hezbolá. Se han disparado cientos de cohetes, misiles y aviones no tripulados contra Israel desde Líbano y Siria, en violación del derecho internacional general, así como de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU y del Acuerdo de Retirada Israel-Siria de 1974, respectivamente. Israel está respondiendo a estos ataques y ha evacuado comunidades enteras del norte de Israel por su seguridad. También se han lanzado múltiples misiles balísticos y drones armados contra Israel desde Yemen. Estos continuos ataques podrían desembocar en cualquier momento en hostilidades aún mayores.
     
  • El compromiso de Israel con el derecho internacional. A pesar de la inimaginable brutalidad de Hamás y de su desprecio por la vida humana -ya sea israelí o palestina- y por la ley, Israel se ha comprometido a llevar a cabo sus operaciones militares de acuerdo con el derecho internacional, tal y como han afirmado en repetidas ocasiones los altos mandos políticos y militares de Israel. Israel ha incorporado la LOAC en todos los aspectos de sus operaciones militares mediante formación jurídica, procedimientos y planes operativos, asesoramiento jurídico operativo continuo y mecanismos de investigación sólidos e independientes para abordar las denuncias de mala conducta de las IDF. La Oficina del Fiscal General de Israel proporciona asesoramiento jurídico internacional continuo al Gabinete y al Gobierno, y el Tribunal Supremo de Israel tiene jurisdicción para ejercer la supervisión judicial, incluso durante las hostilidades.
     
  • Sugerir una equivalencia moral entre Israel y las organizaciones terroristas es repugnante. Cualquier análisis sensato de las operaciones israelíes no puede obviar el contexto crucial de los ataques en curso, así como la naturaleza de los enemigos, y el alcance de la amenaza, a los que Israel se enfrenta en múltiples frentes. Debe rechazar cualquier equivalencia moral entre quienes se defienden del terrorismo y quienes lo perpetran; entre un Estado cuyo compromiso con la ley sustenta sus operaciones militares y un grupo terrorista que desafía abiertamente la ley; entre las FDI, que tratan de minimizar los daños a civiles, y los grupos terroristas que atacan deliberadamente a civiles israelíes mientras consideran perversamente prescindibles a los civiles palestinos y los utilizan como escudos humanos.
     
  • Los hechos importan. Una evaluación jurídica sólida requiere una apreciación precisa y fiable no sólo de la ley, sino también de los hechos. Dada la dinámica y compleja realidad de las hostilidades y los intentos deliberados de Hamás y otros actores de tergiversar o fabricar los hechos, es fundamental actuar con cautela y evitar precipitarse en los juicios, como lamentablemente ocurrió en relación con el incidente del hospital Al-Ahli. Las declaraciones de Hamás y otros grupos terroristas, incluidos los órganos dirigidos por Hamás, como el "Ministerio de Sanidad", o de figuras sujetas al control o la intimidación de Hamás, no pueden utilizarse en ningún caso como referencia o fuente fiable.
     
  • Key principles governing Israeli military operations:

    Distinction: Israel is operating against Hamas and other terrorist groups in Gaza, not against the civilian population. It is directing its attacks only at military objectives, and is in no way engaging in “collective punishment”. Consistent with LOAC, and especially given Hamas’s unlawful strategy of systematically embedding its military activity and assets in populated areas (including residential and commercial buildings, places of worship and hospitals), many ostensibly civilian objects may become legitimate targets. LOAC further provides that Hamas militants who fail to distinguish themselves from the civilian population are legitimate targets, as are civilians taking direct part in hostilities. As a result, it cannot be concluded from the mere fact that seeming “civilians” or “civilian objects” have been targeted, that an attack was unlawful.

    Proportionality: Under LOAC, an attack against a military target must accord with the rule of proportionality, according to which it is prohibited to carry out an attack when the expected incidental loss of civilian life, injury to civilians, or damage to civilian objects would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage that is anticipated from the attack. The military advantages that the IDF is seeking include destroying enemy military assets, targeting militants, degrading and denying enemy ability to command and control operations, neutralizing underground tunnels and infrastructure used for military purposes, and denying positions (such as sniper, anti-tank and surveillance posts) which endanger IDF ground forces, all of which contribute to the overall objective of securing the release of the hostages and removing Hamas’s capability to attack Israel and its citizens. LOAC provides that a proportionality assessment is based on the military commander’s judgement at the time of the attack, not on hindsight: the test is conduct-oriented, not result-oriented. As a matter of law, civilian casualties or damage to civilian objects, while tragic, do not of themselves allow for a conclusion in regard to proportionality without an informed assessment of both the expected civilian harm and the military advantage anticipated at the time of the attack.

    Precautions and mitigating civilian harm: Under LOAC, when conducting attacks, parties to a conflict must take precautions that are feasible under the operational circumstances to minimize civilian death or injury as well as damage to civilian objects. Accordingly, the IDF employs various precautionary measures where practically possible in the operational circumstances, including advance warnings and in choosing weapons and munitions. In attempting to mitigate civilian harm, the IDF has moreover repeatedly called on civilians to temporarily evacuate northern Gaza, where more intense hostilities are expected, to the south, where aid is also more available. Hamas has sought forcibly to prevent civilians from leaving areas of hostilities in order to unconscionably exploit civilian casualties and to hinder IDF operational activities.

    Humanitarian assistance: Under LOAC, parties to an armed conflict are required to allow and facilitate access of consignments of supplies essential for the survival of the civilian population if the civilian population is not adequately provided with such supplies. This obligation is subject under LOAC to important conditions, including that there are no serious reasons for fearing that the consignments will be diverted from their civilian destination or otherwise provide a definite advantage to the enemy’s military efforts.

    Israel wishes no harm to civilians and is committed to addressing the humanitarian needs of those suffering as a result of Hamas’s brutality and instigation of these hostilities. A designated Israeli unit (COGAT) is closely monitoring the humanitarian situation and the needs of the civilian population in Gaza, and is coordinating humanitarian activities with relevant international actors and agencies. Israel is facilitating the entrance of consignments and additional aid to Gaza from Egypt and is working to significantly increase such assistance. Israel is doing so even though Hamas possesses many essential supplies which it is deliberately withholding from its civilians, and that some of the consignments entering Gaza include supplies that are not currently lacking.

    It is not possible to effectively respond to the humanitarian situation in Gaza without appreciating that the greatest humanitarian threat to Palestinians in Gaza is that they have lived for years under the control of a genocidal terrorist organization that has no regard for their wellbeing, and that has systematically stolen international aid, and smuggled arms within such aid, so as to advance its own terrorist objectives. Massive stockpiles of fuel, medical, and other supplies, all designated for hospitals and general civilian use, have instead been hoarded by Hamas and are used to sustain its military operations and attacks on Israel (UNRWA has recently stated publicly that Hamas stole tens of thousands of liters of fuel from its warehouses). Genuine concern for the humanitarian situation must also include an unequivocal demand from Hamas to release the reserves it is denying the civilian population, and must ensure that effective mechanisms are in place so that humanitarian assistance reaches its intended civilian destination and is not sustaining the terrorists that are endangering both Israeli and Palestinian lives.

    At all times, addressing the legal and practical challenges of humanitarian assistance in these exceptional circumstances requires accurate knowledge of the facts, including that Hamas fire has damaged 9 out of 10 electricity lines coming from Israel (which supply about 50% of the electricity in Gaza, the rest being produced locally); that on October 7 Hamas attacked and significantly damaged the main crossing for Palestinian civilians into Israel (through which almost 20,000 Gazan workers previously passed daily), killing and abducting Israeli personnel; that in recent years Israel has facilitated the installation of alternative energy sources (such as solar panels) for most essential services in Gaza; that 90% of Gaza’s water does not ordinarily come from Israel; and that Israel still supplies water to Gaza (including by fixing pipes damaged by Hamas fire). Israel remains committed to ensuring and expanding the access of Palestinian civilians to humanitarian assistance, but international law does not require it to do so in a manner that enables that assistance to be diverted or exploited so as to sustain Hamas’s capabilities to attack Israel and its citizens.

    * This paper was prepared during ongoing and dynamic hostilities and should not be considered as a comprehensive presentation of Israel’s positions concerning the legal and factual situation.****


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